Cámara de Diputados rechaza reforma para ejecutar expulsiones de migrantes

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este martes el proyecto de reforma constitucional impulsado por el Gobierno que buscaba ampliar el plazo de detención de personas extranjeras con órdenes de expulsión administrativa, luego de que la iniciativa no alcanzara el quórum exigido para su aprobación.

La propuesta obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, mientras que se requerían al menos 89 votos favorables. Esto, debido a que las reformas constitucionales requieren el respaldo de las cuatro séptimas partes de los diputados en ejercicio.

El proyecto tenía como objetivo modificar la regulación constitucional de la detención asociada a la ejecución de expulsiones administrativas. En concreto, proponía reemplazar el actual límite general de cinco días por un plazo de hasta 30 días corridos, con el propósito de permitir la materialización efectiva de las expulsiones.

La iniciativa también contemplaba que dicha detención pudiera ser prorrogada hasta tres veces consecutivas, por un período igual o inferior al originalmente decretado, siempre que ello fuera estrictamente necesario para concretar la expulsión.

Cada una de estas extensiones debía contar con autorización judicial previa, a partir de una solicitud fundada de la autoridad administrativa y bajo las condiciones que posteriormente estableciera la ley.

Extradición y procedimiento posterior

El proyecto establecía, además, una regla especial para aquellos casos en que la detención tuviera por finalidad permitir la solicitud de una detención previa o el inicio de un procedimiento de extradición pasiva. En esas situaciones, el plazo podía alcanzar hasta 10 días.

La propuesta incluía también una disposición transitoria que mandataba al Presidente de la República a presentar, dentro de los seis meses siguientes a la eventual publicación de la reforma, el proyecto de ley destinado a regular su aplicación.

Pese al rechazo en la Cámara, la iniciativa cuenta con una alternativa de tramitación contemplada en el artículo 68 de la Constitución, debido a que se trata de un mensaje presidencial. Esta norma establece que, cuando un proyecto de iniciativa del Presidente es rechazado en general por la Cámara de origen, el Mandatario puede solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara.

En ese escenario, el Senado debería aprobarlo en general por los dos tercios de sus miembros presentes para que la iniciativa regrese a la Cámara de origen. Una vez de vuelta, el proyecto solo se consideraría definitivamente rechazado si la Cámara lo desecha con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes.

De no utilizarse esta vía, la regla general establece que un proyecto rechazado en general en su Cámara de origen no puede volver a presentarse sino después de un año.

El proyecto había ingresado a la Cámara el 8 de junio de 2026 y fue aprobado en general en la Comisión de Constitución antes de llegar a la Sala. La iniciativa había sido presentada por el Ejecutivo con suma urgencia y tenía como autores institucionales al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio del Interior.