Amnistía Internacional alerta por deuda histórica con mujeres víctimas de tortura y desaparición forzada en dictadura

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Amnistía Internacional Chile llamó la atención sobre las omisiones que, a su juicio, persisten en el reconocimiento de las violencias ejercidas contra las mujeres durante la dictadura cívico-militar.

Viviana Cáceres D., directora de Investigación e Incidencia de Amnistía Internacional Chile, sostuvo que la desaparición forzada de más de mil personas estuvo acompañada por formas específicas de violencia contra las mujeres que tardaron más de una década en ser reconocidas institucionalmente.

En una columna de opinión, Cáceres afirmó que ninguna de las comisiones de verdad constituidas en Chile —Rettig, Valech I y Valech II— incorporó un enfoque de género en su diseño y funcionamiento.

Según planteó, esa ausencia no fue solo metodológica, sino que influyó directamente en los testimonios recopilados, en el análisis de los antecedentes y en el reconocimiento de determinadas formas de represión.

La representante de Amnistía Internacional recordó que recién en 2004 un grupo de mujeres comenzó a visibilizar públicamente las distintas formas de violencia sexual sufridas durante la dictadura, proceso que posteriormente permitió que el Estado reconociera estas prácticas como un método sistemático de tortura.

Entre esas agresiones se incluyen desnudez forzada, tocaciones de carácter sexual, violaciones individuales y grupales, agresiones con objetos y animales, embarazos producto de violaciones y abortos provocados como consecuencia de las torturas.

“Fue gracias a ellas, y a las organizaciones feministas que las acompañaron, que Chile comenzó a reconocer la violencia sexual como una forma específica y sistemática de tortura contra las mujeres”, señaló Cáceres.

Reconocimiento tardío

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Valech I, reconoció formalmente desde noviembre de 2004 las violaciones y vejaciones sexuales como formas sistemáticas de tortura ejercidas especialmente contra mujeres.

Amnistía Internacional advierte, sin embargo, que el reconocimiento tardío tuvo consecuencias en el registro de víctimas.

Factores como el estigma, el trauma, la vergüenza impuesta y el silencio utilizado como mecanismo de supervivencia hicieron que muchas mujeres entregaran sus testimonios años después de ocurridos los hechos, lo que dificultó su incorporación a procesos de recopilación de antecedentes sujetos a plazos limitados.

La organización sostiene, por ello, que el número real de mujeres afectadas por este tipo de violencia permanece subestimado.

La columna también apunta a otras situaciones que, según Cáceres, no fueron debidamente incorporadas en los informes oficiales, entre ellas las experiencias de mujeres disidentes, migrantes y afrodescendientes.

Asimismo, plantea que tampoco existe una adecuada desagregación de información relativa a niñas, niños y adolescentes afectados por la represión.

El Informe Valech I documentó casos de menores de edad que permanecieron detenidos debido al encarcelamiento de sus padres o madres, además de personas nacidas durante la prisión. Valech II, en tanto, reconoció como víctimas de prisión política a cientos de niñas y mujeres jóvenes.

Críticas por ausencia de reparaciones específicas

Uno de los principales cuestionamientos de Amnistía Internacional se refiere a las políticas de reparación.

Cáceres sostuvo que, pese al reconocimiento estatal de la violencia sexual ejercida contra las mujeres durante la dictadura, hasta hoy no existen medidas específicas de restitución, indemnización o rehabilitación destinadas a quienes sobrevivieron a esas prácticas.

“El Estado reconoció, con enorme retraso, que la tortura tuvo rostro de mujer, pero reconocer dista mucho de reparar”, afirmó.

La directora de Investigación e Incidencia de Amnistía Internacional Chile sostuvo que, 36 años después del fin de la dictadura, la memoria histórica del país continúa siendo incompleta debido a esas ausencias.

A su juicio, la justicia transicional no puede considerarse cerrada mientras las experiencias específicas de las mujeres permanezcan insuficientemente reconocidas.

“Nombrar lo que no fue nombrado, considerar a quienes no fueron consideradas, es también una forma de justicia que Chile todavía está en deuda”, concluyó.