Alcaldesa de La Pintana denuncia fuerte brecha en seguridad municipal: “No puede haber seguridad de primera y de segunda clase”

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, puso en el centro del debate las profundas diferencias de recursos que enfrentan los municipios chilenos para combatir la delincuencia y reclamó la creación de un fondo estatal que permita financiar la seguridad comunal de acuerdo con la realidad de cada territorio.

La jefa comunal realizó el planteamiento coincidiendo con la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Municipal, normativa que calificó como “un gran avance”, aunque advirtió que su efectividad estará condicionada por las enormes diferencias presupuestarias existentes entre las comunas.

“No puede haber seguridad de primera y de segunda clase en Chile”, afirmó Pizarro en una publicación en X.

La alcaldesa acompañó su mensaje con una gráfica que compara los recursos disponibles en La Pintana, Vitacura y Las Condes, tanto en presupuesto municipal como en cámaras de seguridad y compensaciones vinculadas a las contribuciones.

La Pintana tiene 2,2 cámaras por cada 10 mil habitantes

Uno de los contrastes más significativos se encuentra en la infraestructura de televigilancia.

De acuerdo con los antecedentes difundidos por la alcaldesa, La Pintana cuenta con 42 cámaras operativas, equivalentes a 2,2 dispositivos por cada 10 mil habitantes.

La diferencia con las comunas de mayores ingresos es considerable. Vitacura dispone de 1.094 cámaras, equivalentes a 113,2 por cada 10 mil habitantes, mientras Las Condes cuenta con 3.928 dispositivos y una tasa de 113,5 cámaras por cada 10 mil habitantes.

Esto significa que, en términos proporcionales, Vitacura dispone de más de 51 veces la cantidad de cámaras por habitante que La Pintana.

“Las diferencias duelen: en La Pintana contamos con 2,2 cámaras por cada 10 mil habitantes; en Vitacura, con 113,2”, enfatizó Pizarro.

Más de cinco veces de diferencia en recursos municipales

La brecha también aparece al comparar los presupuestos de los municipios.

Según la información de la gráfica, basada en antecedentes del Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), La Pintana dispone de $265.983 anuales por habitante.

En Las Condes, en cambio, la cifra alcanza $1.334.343 por persona, mientras que en Vitacura llega a $1.477.484.

De esta manera, Vitacura dispone de aproximadamente 5,6 veces más recursos municipales por habitante que La Pintana, mientras Las Condes cuenta con cerca de cinco veces más.

“Nuestro presupuesto total por habitante es de $265.983 y el de Las Condes, de $1.334.343”, recalcó la alcaldesa.

La brecha en las compensaciones

La información difundida por el municipio también compara la compensación estimada asociada a las contribuciones.

Según la gráfica, Vitacura tendría una compensación estimada de $7.578,5 millones, equivalentes a $78.395 por habitante, mientras Las Condes alcanzaría los $13.061,7 millones, unos $37.752 por persona.

Para La Pintana, la estimación consignada es de $69 millones, equivalentes a apenas $365 por habitante.

La propia gráfica advierte que, en el caso de La Pintana, se trata de una estimación disponible y no de una transferencia definitiva ejecutada.

Pizarro pide fondo estatal de seguridad

Frente a estas diferencias, la alcaldesa planteó que entregar nuevas atribuciones municipales en seguridad debe ir acompañado de mecanismos de financiamiento que permitan reducir las desigualdades territoriales.

“Se necesita un fondo estatal de seguridad para que las comunas tengan financiamiento de acuerdo a su realidad. La seguridad es un derecho para todos”, afirmó.

El planteamiento apunta a uno de los desafíos que enfrenta la implementación de la nueva legislación: municipios con capacidades financieras muy diferentes deberán asumir mayores responsabilidades en seguridad, pese a que algunos cuentan con presupuestos, tecnología, vehículos y personal considerablemente superiores a otros.

La comparación presentada por Pizarro busca instalar precisamente ese debate: que el lugar donde vive una persona y la capacidad económica de su municipio no determinen el nivel de protección al que puede acceder.

“La seguridad es un derecho para todos”, concluyó la alcaldesa de La Pintana.