Acusación constitucional contra Rabat: los tres cargos por rebajas de condena y falta de probidad

La acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, ingresada ayer por las bancadas opositoras, busca establecer su responsabilidad por las rebajas de condena concedidas durante su gestión y por las explicaciones que entregó para justificarlas.

El libelo se funda en la causal de infracción de la Constitución o las leyes, contemplada en el artículo 52, número 2, letra b), de la Carta Fundamental, y se estructura en tres capítulos: beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores de edad, reducciones de penas por crímenes de lesa humanidad y presuntas faltas a la probidad al informar al Congreso.

La tesis de los acusadores es que el caso supera una diferencia de interpretación jurídica. Según ellos, Rabat cambió el criterio aplicado por el Ministerio durante dos administraciones, sin una modificación legal ni una orden judicial que lo obligara a extender los beneficios, resolvió sin considerar suficientemente a las víctimas y posteriormente atribuyó sus decisiones a las comisiones, los tribunales y la legislación.

Estos son los argumentos que la oposición deberá sostener durante la tramitación, frente a la defensa del secretario de Estado.

Primer capítulo: las rebajas que, según la oposición, la ley prohibía

El primer capítulo aborda las 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por violación y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes que originaron la controversia.

Según la acusación, los beneficios fueron concedidos entre junio y septiembre. El libelo individualiza 22 decretos conocidos públicamente y sostiene que ninguno de ellos respondió a una orden judicial dictada en la respectiva causa.

El fundamento principal es el artículo 17, letra e), de la Ley 19.856, modificado por la Ley 21.421 de 2022, que incorporó exclusiones al beneficio de reducción de condenas para determinados delitos sexuales cometidos contra menores de edad. La disposición establece que los beneficios “no tendrán lugar en caso alguno” cuando concurran las circunstancias descritas en la norma.

Para los acusadores, el Ministerio debía aplicar esa exclusión a las postulaciones posteriores a su entrada en vigencia. Afirman que ese fue el criterio sostenido por las administraciones anteriores hasta el cambio impulsado por Rabat.

La discusión incluye el alcance temporal de la reforma: si la exclusión podía aplicarse a personas condenadas por hechos anteriores a 2022. La oposición sostiene que los fallos que acogieron solicitudes de algunos condenados no autorizaban al ministro a transformar esas decisiones particulares en una regla administrativa general.

Fallos individuales no equivalen a una instrucción general

La acusación invoca el artículo 3 del Código Civil, sobre el efecto de las sentencias en las causas en que se pronuncian, para cuestionar la extensión del criterio judicial.

Según los parlamentarios, Rabat utilizó argumentos de eficiencia y de conveniencia de evitar nuevos litigios para conceder beneficios sin que cada caso contara con una resolución que lo ordenara.

El documento también le reprocha haber otorgado rebajas mientras existían causas pendientes ante los tribunales, sin esperar su resolución. Para la oposición, ello plantea un problema de respeto a las competencias judiciales.

Otro argumento apunta a que la jurisprudencia no obligaba uniformemente a conceder las reducciones. La acusación recoge antecedentes sobre nueve recursos de amparo contra rechazos ministeriales entre marzo y mayo: en seis casos los tribunales respaldaron al Ministerio —cinco de ellos en la Corte Suprema— y en tres se revirtió la negativa.

Los acusadores destacan una secuencia que consideran relevante: un fallo favorable al rechazo habría sido dictado el 15 de junio, mientras el primer decreto de rebaja bajo el nuevo criterio se habría firmado al día siguiente.

Las advertencias que, según el libelo, fueron desatendidas

La oposición sostiene que el cambio se adoptó pese a alertas internas y regionales.

La acusación menciona advertencias durante el traspaso de administración con el exministro Jaime Gajardo, una reunión con equipos y asesores en abril y una nueva alerta de un funcionario en mayo. También señala que las prevenciones habrían abarcado beneficios para condenados por crímenes de lesa humanidad.

En el ámbito regional, cita comunicaciones de la Seremi de Justicia del Biobío del 24 y 26 de junio, relativas a dos postulantes que podían estar sujetos a la prohibición legal.

Según el documento, pese a esas alertas se firmaron los decretos 2075 y 2126, con reducciones de seis y 30 meses, respectivamente. El libelo añade que entre marzo y septiembre se aprobaron 11 rebajas pese a advertencias de las oficinas regionales.

Para los acusadores, estos antecedentes buscarían demostrar que no se trató de un error aislado o de una decisión adoptada sin información previa.

El interés superior de los niños y la falta de aviso a las víctimas

Una parte central del primer capítulo es la presunta omisión del interés superior de niños, niñas y adolescentes.

La oposición invoca el artículo 5, inciso segundo, de la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 21.430, sobre garantías y protección integral de la niñez.

Sostiene que los decretos no ponderaron ese interés y que no consta que las víctimas fueran escuchadas o informadas antes de las decisiones.

El reproche es que el Ministerio habría aplicado el beneficio concentrándose en la situación del condenado, sin examinar las consecuencias para quienes sufrieron los delitos ni disponer medidas conocidas de protección o acompañamiento.

Suspender las solicitudes tampoco resolvía el problema

La acusación incorpora una crítica a la respuesta posterior de Rabat: la suspensión de la tramitación de las solicitudes de reducción de condena anunciada el 23 de octubre.

Para la oposición, la obligación del Ministerio era resolver cada petición conforme a derecho, concediendo o rechazando el beneficio, y no paralizar indefinidamente el procedimiento.

El libelo cita una resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso del 4 de noviembre, que habría considerado esa suspensión una omisión ilegal. Los acusadores la presentan como un antecedente adicional de incumplimiento del deber de resolver y de dirigir y controlar la actuación de la cartera.

Segundo capítulo: tres condenados por crímenes de lesa humanidad

El segundo capítulo cuestiona las reducciones de penas concedidas a tres exagentes del Estado condenados por secuestro calificado y tormentos, quienes, de acuerdo con la minuta, quedaron en libertad.

Uno de los casos corresponde al secuestro de cinco personas que continúan desaparecidas.

La oposición afirma que el Ministerio aplicó únicamente la Ley 19.856, sin efectuar el examen adicional que, según su argumentación, exigen la Constitución y los compromisos internacionales de Chile para estos delitos.

Ese análisis debía considerar, entre otros elementos:

• La colaboración del condenado con la justicia.
• El reconocimiento de los hechos.
• Su contribución a la reparación de las víctimas.
• Los efectos de la liberación sobre las familias.
• La entrega de información para esclarecer el paradero de personas desaparecidas.

La acusación invoca la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura, los instrumentos sobre desaparición forzada y los estándares del Estatuto de Roma, cuya aplicación a estas rebajas forma parte de la controversia jurídica.

Distintas respuestas para coautores de un mismo crimen

Otro argumento del segundo capítulo es la presunta falta de explicación para apartarse del criterio anterior del Ministerio.

Según los acusadores, coautores de un mismo crimen recibieron respuestas opuestas: una negativa en 2025, respaldada por la Corte Suprema, y una concesión en 2026.

La oposición cuestiona, además, que los decretos sostuvieran que el Ministerio no estaba habilitado para denegar el beneficio por la gravedad del delito. A su juicio, esa posición omitió obligaciones de ponderación propias de las condenas por graves violaciones de derechos humanos.

La acusación distingue las firmas: dos decretos fueron suscritos por Rabat, mientras un tercero fue firmado el 20 de mayo por el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, como ministro subrogante, después de un informe favorable del entonces subsecretario Luis Silva.

El documento también reconoce un punto de discusión: no todas las cortes de apelaciones habrían aplicado de igual manera los requisitos internacionales, por lo que la defensa podría invocar la falta de uniformidad jurisprudencial.

Para los acusadores, el riesgo es que beneficios concedidos sin la evaluación exigible comprometan nuevamente la responsabilidad internacional del Estado.

Tercer capítulo: presunta falta de veracidad ante el Congreso

El último capítulo apunta a las explicaciones entregadas por Rabat ante la Comisión de Constitución del Senado, el 27 de octubre, y la Sala de la Cámara, el 28 de octubre.

La oposición sostiene que el ministro proporcionó información inexacta, incompleta y omitió antecedentes relevantes para la fiscalización.

En particular, cuestiona su afirmación de que la cartera “simplemente formaliza” lo decidido por las comisiones de reducción de condena y que la Corte Suprema lo obligaba a actuar en ese sentido.

Los acusadores argumentan que el Ministerio tiene responsabilidades propias al verificar las causales legales y resolver las solicitudes, por lo que no podía presentar su intervención como un trámite automático.

También objetan la exhibición de un decreto del gobierno anterior que, según la acusación, no era comparable con los casos discutidos. Afirman que algunos parlamentarios lo difundieron como si correspondiera a una víctima menor de edad y reprochan al ministro no haber corregido esa interpretación.

Por qué la oposición invoca la probidad

El sustento jurídico del tercer capítulo incluye el artículo 8 de la Constitución y los artículos 52 y 53 de la Ley 18.575, relativos a la probidad y al ejercicio de la función pública.

La tesis opositora es que el deber de comparecer ante el Congreso implica entregar información veraz y suficiente. Una exposición con antecedentes falsos o incompletos, sostienen, impediría ejercer adecuadamente la fiscalización.

La acusación busca demostrar, además, que Rabat disponía de información para presentar un panorama completo, porque los decretos estaban en los archivos de su cartera y el Ministerio había intervenido en los litigios relacionados.

Leiva y Santana: responsabilidad constitucional y defensa de las víctimas

El jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, ha sostenido que la presentación busca establecer una responsabilidad distinta de las investigaciones administrativas y penales.

“Estamos haciendo efectiva y apremiando la responsabilidad constitucional de un ministro de Estado que ha incumplido la ley”, manifestó al explicar el contenido del documento.

Leiva destacó que las bancadas opositoras alcanzaron una convicción política y jurídica para impulsar la acusación, cuyo texto, según informó, tiene 189 páginas.

El diputado Juan Santana, uno de sus firmantes, cuestionó tanto las rebajas como las explicaciones posteriores.

“El ministro Rabat le mintió al país y al Congreso Nacional”, afirmó, al acusarlo de distorsionar los actos administrativos de su cartera.

Los parlamentarios también emplazaron al Presidente José Antonio Kast por mantener al ministro. La minuta recuerda que el mandatario reconoció un error en las rebajas, pero encargó al propio Rabat conducir las medidas para enfrentar la crisis.

El Gobierno rechaza los fundamentos

El Ejecutivo ha defendido la continuidad del ministro y cuestionado la acusación. Tras su presentación, el vocero Gonzalo Arenas la calificó de “liviana” y “mal preparada”.

Rabat ha sostenido que actuó en aplicación de la ley y de criterios judiciales. La oposición deberá demostrar durante la tramitación que las decisiones y omisiones descritas configuran infracciones constitucionales o legales, mientras la defensa podrá controvertir los hechos y su interpretación jurídica.

Si la acusación prospera en la Cámara y posteriormente es acogida por el Senado, el procedimiento puede concluir con la destitución del ministro y su inhabilitación para ejercer funciones públicas durante cinco años.

El debate tendrá como centro si las rebajas se ajustaron a las competencias y obligaciones de Justicia, qué consideración recibieron las víctimas y si el Congreso contó con información completa para fiscalizar.