Senado despacha a ley reajuste del sueldo mínimo y fija nuevo monto en $553 mil

Tras su votación en particular, el Senado despachó a ley el proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual (IMM), junto con la asignación familiar, maternal y el subsidio familiar, cerrando así su tramitación legislativa.

La norma establece que, a contar del 1 de mayo de 2026 -de manera retroactiva- el ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de 18 y hasta 65 años se elevará a $553.553. En tanto, para los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65, el monto ascenderá a $412.938 en la misma fecha.

Asimismo, el proyecto contempla un mecanismo de reajuste automático: a partir del 1 de enero de 2027, el salario mínimo se ajustará conforme a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada entre mayo y diciembre de 2026, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas.

El debate legislativo estuvo marcado por cuestionamientos desde distintos sectores políticos, que consideraron insuficiente el aumento aprobado. La senadora Claudia Pascual y el senador Daniel Núñez advirtieron que el reajuste, al estar vinculado a la inflación, implicaría una pérdida del poder adquisitivo. “El trabajador que gane el mínimo va a tener, en términos reales, menos plata que la que tenía en 2025”, señalaron.

En la misma línea, la senadora Alejandra Sepúlveda y los senadores Gastón Saavedra y Ricardo Celis criticaron que no se haya considerado la opinión de la Comisión Técnica Laboral en el marco del Consejo Superior Laboral, instancia que evalúa ingresos y costo de vida. Según indicaron, el incremento “es incapaz de ganarle a la inflación acumulada y al valor de los servicios más básicos”, además de no cubrir adecuadamente las necesidades de las familias.

También se plantearon reparos respecto del monto diferenciado para mayores de 65 años, manifestando preocupación por su coherencia con la futura implementación de la ley de envejecimiento positivo, inquietud que fue compartida por el senador Javier Macaya.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió la iniciativa señalando que el país enfrenta “una emergencia laboral” que obliga a actuar con urgencia y realismo, destacando que el proyecto busca equilibrar las necesidades de los trabajadores con las condiciones económicas actuales.