Plan de Quiroz contra “permisología” destraba millonario proyecto inmobiliario de su hermano

El mecanismo impulsado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para combatir la denominada “permisología” permitió destrabar distintos proyectos de inversión, entre ellos Alto Santorini, iniciativa inmobiliaria de US$43,6 millones —cerca de $40 mil millones— que busca emplazarse a metros de las dunas de Concón, en la Región de Valparaíso, y cuyo propietario incluye al arquitecto Víctor Quiroz, hermano del secretario de Estado.

Según reveló CIPER, Víctor Quiroz participa en la propiedad del proyecto junto a su esposa e hijos, además de integrar la oficina de arquitectura que lo diseñó y realizar gestiones de lobby. En ese marco, registra 10 audiencias con autoridades regionales.

El proyecto obtuvo una calificación ambiental favorable el 8 de julio por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso, pese a que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) había advertido sobre eventuales riesgos de remociones en masa. Un mes antes, el 8 de junio, Víctor Quiroz se reunió con Manuel Millones, delegado presidencial de Valparaíso y presidente de la Comisión de Evaluación que aprobó la iniciativa.

Disputa ambiental de años

Las advertencias de Sernageomin se arrastran desde hace años. En 2023, el proceso de evaluación fue suspendido tras el socavón que afectó a un edificio ubicado en el sector de dunas de Reñaca. La tramitación se retomó en julio de 2024, cuando la empresa presentó nuevos antecedentes al SEA de Valparaíso. Sin embargo, 11 instituciones formularon observaciones a su Estudio de Impacto Ambiental.

Los representantes del proyecto solicitaron en dos ocasiones ampliar el plazo para responder a los reparos. El último aplazamiento se extendió hasta el 31 de marzo, 20 días después de que Jorge Quiroz asumiera como ministro de Hacienda.

Sernageomin, no obstante, mantuvo sus cuestionamientos de 2024 y advirtió que el terreno supone “un peligro de remociones en masa del tipo deslizamientos, derrumbes y desprendimientos”, por lo que solicitó presentar un estudio específico sobre estos riesgos.

Tras revisar la respuesta de la inmobiliaria, el 28 de abril el organismo volvió a considerar que no fue “posible descartar fundamentalmente la generación de impactos significativos ni riesgos para la seguridad de la población”, particularmente aquellos asociados a procesos de remoción en masa.

Pese a estas observaciones, el SEA no las incorporó en la evaluación ambiental, argumentando que la geomorfología no constituye un objeto de protección dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Quiroz y la permisología

En paralelo a la disputa ambiental, Jorge Quiroz impulsaba un sistema destinado a agilizar proyectos de inversión detenidos o demorados durante su evaluación ambiental, una de las promesas centrales de la campaña de José Antonio Kast.

El modelo contempla el seguimiento de los tiempos de cada etapa de la tramitación ambiental y la creación de un “Comité de Proyectos en el SEIA”, integrado permanentemente por representantes de los ministerios de Hacienda, Medio Ambiente, Interior y Economía.

Bajo el liderazgo de Hacienda se definen los temas a tratar y las autoridades sectoriales invitadas. Sin embargo, CIPER constató que no existen actas públicas de las reuniones ni informes disponibles sobre sus decisiones o recomendaciones.

Desde Hacienda explicaron que se trata de un “sistema interno de información que reúne antecedentes públicos y de libre acceso disponibles en el SEIA”, cuyo objetivo es conocer el estado de los proyectos y apoyar el cumplimiento de los plazos legales.

Consultado por Radio Bío Bío, el ministro Quiroz negó haber beneficiado el proyecto de su hermano. “Es absolutamente falso. Primero que nada, las políticas del Gobierno lo que han hecho es apurar los procesos de toma de decisión de organismos, no han empujado decisiones ni positivas ni negativas, sino que apurarlas”, sostuvo.

El ministro destacó que durante el primer semestre se alcanzaron US$21 mil millones en inversión aprobada, correspondientes a cerca de 140 proyectos.

Respecto de Alto Santorini, afirmó: “A mí no me compete la aprobación de ningún proyecto, de ningún tipo, de nada que tenga que ver con medio ambiente. Por lo tanto, no hay ninguna relación entre mis decisiones y lo que pueda pasar con ese proyecto”.

Oposición anuncia acciones legales

Tras la publicación de CIPER, los diputados socialistas Juan Santana y Daniel Manouchehri anunciaron una denuncia ante el Ministerio Público, acusando un eventual conflicto de intereses.

“Nos parece que esto es extremadamente grave, porque no solo es una aprobación cualquiera, sino es una aprobación que ha pasado por encima de las propias recomendaciones que ha hecho el Sernageomin, que ha señalado lo que es básico, que no se puede construir en el mismo lugar donde están los socavones de Concón”, afirmó Manouchehri.