OTJ rechaza petición de diputados UDI para remover al juez Daniel Urrutia

La Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) rechazó públicamente la solicitud impulsada por diputados de la Unión Demócrata Independiente para que el Presidente de la República intervenga ante la Corte Suprema y promueva la remoción del juez Daniel Urrutia Laubreaux, magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y presidente regional Santiago de la organización gremial.

A través de una declaración pública, la OTJ sostuvo que la ofensiva parlamentaria responde a una “constante persecución política” en contra del magistrado, particularmente tras haber dirigido la audiencia de formalización del diputado Joaquín Lavín León, instancia en la que se decretó su prisión preventiva.

El gremio judicial también cuestionó que se invoquen viajes al extranjero realizados por Urrutia como fundamento para solicitar su destitución, argumentando que dichos antecedentes ya fueron revisados por la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Esto fue conocido y resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la cual estableció no aplicar sanción alguna, lo que implica ya cosa juzgada”, señaló la organización.

En el documento, la OTJ reconoció que la Constitución contempla mecanismos para solicitar la remoción de magistrados por mal comportamiento, pero enfatizó que no corresponde reabrir hechos que ya fueron objeto de un sumario administrativo.

“La petición significaría alterar un principio básico del derecho como el ‘Non bis in idem’, que prohíbe juzgar o sancionar a una persona más de una vez por el mismo hecho”, afirmaron.

La organización además acusó que la solicitud de la bancada UDI constituye una vulneración al principio de separación de poderes consagrado en la Constitución.

“Los tiempos en que el signo político de turno dictaba el destino de los jueces quedaron en el pasado”, indicaron.

Asimismo, advirtieron que este tipo de acciones pone en riesgo la independencia judicial, la que calificaron como una garantía para toda la ciudadanía y no como un privilegio de los magistrados.

“Un juez o jueza debe fallar y actuar conforme a derecho, sin el temor latente a ser removido por presiones políticas, editoriales de prensa o revanchismos de sectores partidistas”, sostuvo la declaración.

Finalmente, la OTJ aseguró que permanecerán “en alerta” frente a cualquier intento de utilizar procesos disciplinarios como mecanismos de persecución o amedrentamiento dentro del Poder Judicial.

“Sin independencia judicial, no hay democracia ni justicia real para Chile”, concluyó el gremio.