Operación 3D: prisión preventiva para 56 imputados por asociación criminal y tráfico de armas

El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó la prisión preventiva de 56 imputados formalizados por el Ministerio Público como presuntos autores de diversos delitos vinculados al tráfico ilegal de armas, entre ellos asociación criminal, tráfico de armas prohibidas, municiones adaptadas, explosivos y pirotecnia, en el marco de la nominada Operación 3D.

La resolución se adoptó tras una extensa audiencia de formalización que se desarrolló entre el 17 de julio y el 5 de agosto, instancia en la que la magistrada Marylin Neira Mendoza también ordenó arresto domiciliario total para dos imputados y arresto domiciliario nocturno junto a supervisión del Servicio de Reinserción Social Juvenil para un menor de edad. Asimismo, entre los acusados figuran una funcionaria de Carabineros de Chile y un integrante del Ejército de Chile.

“Operación 3D”: autoridades revelan vínculo de carabinera y militar con red de tráfico de armas

De acuerdo con la investigación, la organización criminal operaba desde, al menos, octubre de 2024 y se dedicaba a la fabricación, comercialización y distribución clandestina de armamento a lo largo del país. Para coordinar sus actividades, los imputados utilizaban grupos privados en aplicaciones como Telegram y WhatsApp.

El Ministerio Público detalló que la estructura contaba con roles definidos y mecanismos internos de funcionamiento, incluyendo administradores de plataformas digitales, fabricantes o armeros —algunos especializados en impresión 3D—, además de encargados de logística, financiamiento y comercialización. Esta organización habría permitido concretar múltiples operaciones de venta y distribución de armas y municiones entre 2025 y lo que va de 2026.

Las diligencias investigativas incluyeron el uso de agentes encubiertos y reveladores, así como labores de vigilancia, seguimiento e interceptación de envíos, muchos de los cuales se realizaban mediante encomiendas. Estas acciones derivaron en allanamientos simultáneos en diversas regiones del país, permitiendo documentar las operaciones ilícitas.

El tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, periodo en el que se continuará reuniendo evidencia para esclarecer el alcance de la red y la eventual responsabilidad penal de los imputados.