Municipalidad de Curacautín deberá pagar más de $21 millones por deuda de fondos de educación pública

La Municipalidad de Curacautín fue condenada a pagar $21.681.963, más reajustes e intereses, por saldos adeudados y no reintegrados de convenios del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).

La sentencia definitiva fue dictada el pasado 8 de junio de 2026, en el marco de una demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación del Fisco de Chile.

La acción judicial había sido iniciada el 6 de agosto de 2025 y correspondía a un juicio de hacienda de mayor cuantía por recursos transferidos al municipio en convenios FAEP suscritos durante los años 2015, 2017 y 2018.

Según los antecedentes del caso, dichos convenios involucraron transferencias iniciales superiores a los $1.437 millones. En 2015, los recursos ascendieron a $400.291.763; en 2017, a $542.404.578; y en 2018, a $494.837.700.

Tras rendiciones parciales y devoluciones efectuadas, el monto neto no reintegrado quedó establecido en $21.681.963.

Municipio reconoció la deuda

Durante el proceso, la Municipalidad de Curacautín se allanó a la demanda, reconociendo la existencia de la deuda. Esto permitió que el municipio quedara eximido del pago de las costas judiciales.

Sin embargo, el fallo ordenó aplicar intereses corrientes desde la notificación de la demanda, lo que incrementará el monto final que deberá desembolsar la administración comunal.

La condena obliga al municipio a destinar recursos de su presupuesto actual para cubrir obligaciones derivadas de gestiones educacionales anteriores.

El caso adquiere relevancia política y administrativa debido a que los hechos se remontan a un período en que el actual alcalde de Curacautín, Hugo Vidal, se desempeñaba como administrador municipal.

Debate por el uso de recursos públicos

La situación abre interrogantes sobre los mecanismos de control, rendición y reintegro de fondos públicos destinados a la educación municipal.

Los recursos del FAEP tienen como objetivo apoyar el funcionamiento y fortalecimiento de la educación pública, por lo que su ejecución exige procesos de rendición claros y oportunos.

La condena también reabre el debate sobre la responsabilidad institucional en el manejo de recursos fiscales y la necesidad de reforzar los sistemas de transparencia en la administración local.

En la comunidad se espera que el municipio entregue explicaciones sobre las causas que derivaron en esta sentencia y las medidas que adoptará para evitar que situaciones similares vuelvan a afectar el patrimonio municipal y los recursos destinados a la educación pública.