Movilh denuncia multa por “ruidos molestos” en Marcha del Orgullo y orden de arresto contra activista

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció este jueves que el Juzgado de Policía Local de Santiago sancionó con una multa de 5 UTM a Gonzalo Velásquez, activista encargado de gestionar los permisos de la Marcha del Orgullo, por supuestos “ruidos molestos” durante la movilización realizada el 21 de junio de 2025 frente al Palacio de La Moneda.

Según informó la organización, el procedimiento derivó posteriormente en una orden de reclusión contra Velásquez debido a la multa pendiente, lo que llevó al Movilh a pagar la sanción para evitar su eventual arresto.

El organismo calificó lo sucedido como un “inédito y gravísimo atentado contra la libertad de expresión” y anunció que buscará revertir judicialmente la decisión.

“Debido a que nuestro activista tiene bajo su cuidado a familiares enfermos y adultos mayores, a que el Juzgado rechazó un incidente de nulidad y a que carabineros estaba rondando su domicilio para apresarlo, nos vimos en la obligación de pagar la multa para evitar su reclusión”, señaló el fundador del Movilh, Rolando Jiménez.

Movilh anuncia acciones judiciales

La organización informó que ya presentó un recurso de queja y que prepara además un recurso de protección.

“Hemos presentado un recurso de queja y pronto presentaremos uno de protección. Agotaremos todas las diligencias en Chile para hacer justicia y, de no obtenerla, recurriremos a organismos internacionales”, afirmó Jiménez.

El dirigente sostuvo que el caso constituye, a juicio de la organización, “el más grave y horroroso atentado contra la libertad de expresión del Orgullo en Chile” y acusó la existencia de irregularidades que habrían afectado el derecho a defensa y la igualdad ante la ley.

Cuestionamientos a las notificaciones

Entre las anomalías denunciadas, el Movilh aseguró que ni la organización ni Velásquez habrían sido oportunamente notificados de la sanción en sus domicilios correspondientes.

Según Jiménez, inicialmente las comunicaciones fueron enviadas a una dirección donde el activista ya no residía.

“La notificación fue enviada el año pasado a un domicilio en el que Velásquez no vive desde hace más de un año, en lugar de ser remitida a la dirección del Movilh o a su domicilio vigente”, sostuvo.

El dirigente afirmó que recién desde mayo de este año las comunicaciones comenzaron a llegar a la dirección correcta, pero para entonces ya existía una orden de reclusión.

El Movilh aseguró que tomó conocimiento efectivo del procedimiento en julio, luego de que Carabineros comenzara a concurrir al domicilio del activista.

Denuncian error en fecha de los hechos

La organización cuestionó también una supuesta inconsistencia entre la sentencia y el parte policial que dio origen al procedimiento.

De acuerdo con el Movilh, la resolución judicial situaría los hechos el martes 24 de junio de 2025, mientras el parte de Carabineros establecería que los supuestos “ruidos molestos” ocurrieron el sábado 21 de junio, a las 16:35 horas, coincidiendo con el desarrollo de la Marcha del Orgullo frente a La Moneda.

El movimiento sostuvo, además, que la defensa solo pudo conocer el parte policial original después de dictada la sentencia, situación que, según su versión, habría limitado sus posibilidades de controvertir oportunamente los antecedentes.

El Movilh también cuestionó que la resolución no especificaría suficientemente la naturaleza de los ruidos sancionados, la eventual afectación provocada a terceros ni las circunstancias que justificarían responsabilizar al organizador de una manifestación que contaba con autorización.

Advierten precedente para futuras manifestaciones

Para la organización, el caso excede una controversia administrativa por ruidos molestos y podría generar consecuencias para el ejercicio del derecho a manifestarse.

“El conjunto de estos antecedentes trasciende una simple sanción por ruidos y constituye un grave precedente para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a manifestarse públicamente”, afirmó.

El Movilh enfatizó que la controversia adquiere especial relevancia al tratarse de la Marcha del Orgullo, una movilización histórica de las personas LGBTIQ+ en Chile.

“Una marcha autorizada, que se realiza públicamente y en defensa de derechos humanos, no puede terminar con uno de sus organizadores amenazado con la reclusión mediante un procedimiento que presenta errores e irregularidades tan graves”, concluyó la organización.

Además de las acciones judiciales anunciadas, el Movilh informó que evalúa realizar manifestaciones y protestas por lo ocurrido.

Las acusaciones sobre las presuntas irregularidades procesales corresponden a la versión entregada por el Movilh y deberán ser resueltas por los tribunales en las acciones judiciales anunciadas.