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Investigación judicial apunta a presunta apropiación de patrimonio de adulto mayor con Alzheimer

Una compleja trama judicial y familiar comenzó a ser investigada por la Fiscalía Metropolitana Sur y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, tras una querella por presuntas estafas, falsificación de instrumento público y apropiación patrimonial que involucra operaciones inmobiliarias realizadas por un adulto mayor diagnosticado con demencia tipo Alzheimer.

La causa, ingresada bajo el RUC 2510021469-8, fue admitida a tramitación por el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, que ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público.

El caso gira en torno a Félix Lecumberri Fernández, fallecido en 2023, y una serie de compraventas de bienes raíces efectuadas entre 2018 y 2021, las cuales hoy son cuestionadas por uno de sus hijos, José Miguel Lecumberri Bilbao, quien sostiene que su padre no estaba en condiciones cognitivas de comprender ni consentir dichos actos jurídicos.

Diagnóstico neurológico y deterioro cognitivo

Uno de los antecedentes centrales de la investigación corresponde a la declaración judicial de la neuróloga Gisela Yazmín Hornung Cattan, quien aseguró ante el 26° Juzgado Civil de Santiago que el paciente ya presentaba un cuadro de demencia tipo Alzheimer al momento de las operaciones cuestionadas.

Según el testimonio médico, Félix Lecumberri Fernández fue evaluado desde noviembre de 2017 debido a graves problemas de memoria, episodios de confusión y desconexión con el entorno. La especialista afirmó que los exámenes neurocognitivos evidenciaron alteraciones importantes en memoria inmediata, atención, orientación y razonamiento.

La profesional declaró además que el paciente requería supervisión permanente y que incluso se recomendó que no condujera vehículos. También indicó que prescribió tratamiento con rivastigmina —parches Exelon— utilizados para retardar el deterioro cognitivo en pacientes con demencia.

Durante el contrainterrogatorio, Hornung reafirmó que el diagnóstico clínico correspondía a una “demencia tipo Alzheimer”, descartando que dependiera exclusivamente de antecedentes aportados por familiares. Las evaluaciones, señaló, fueron personales y respaldadas por exámenes especializados.

Compraventas bajo sospecha

La querella sostiene que el 11 de enero de 2018 se celebró una compraventa mediante la cual Félix Lecumberri Fernández transfirió parte importante de su patrimonio a la Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Bilbo Ltda., empresa vinculada familiarmente.

Según la declaración entregada por la víctima a la PDI, el precio habría ascendido a $327 millones, supuestamente pagados “al contado”. Sin embargo, el querellante afirma que nunca existió respaldo bancario, comprobantes de transferencia, vales vista ni registros tributarios que acreditaran dicho pago.

Posteriormente, en diciembre de 2021, Bilbo Ltda. transfirió 11 lotes subdivididos del mismo inmueble a AKF Inversiones SpA, sociedad constituida apenas días antes y vinculada también a integrantes de la familia. La escritura declaró un pago “al contado y en efectivo” por $625 millones.

No obstante, en diligencias posteriores incorporadas por la Fiscalía, uno de los involucrados habría reconocido que no existió pago en efectivo, sino una supuesta “asunción de deuda” con otra empresa relacionada denominada Constructora Zukarrieta.

La Fiscalía ordenó tomar declaraciones a diversos familiares y representantes societarios para aclarar el origen de los fondos, la existencia de las deudas y la capacidad económica real de las sociedades participantes.

Presunta falsificación de certificados médicos

Otro de los aspectos más sensibles de la investigación dice relación con certificados médicos que habrían sido utilizados para acreditar que el adulto mayor se encontraba apto para firmar documentos notariales.

El informe policial de la Bridec señala que uno de los certificados, atribuido al médico Rodrigo Galeno Trewhela, presenta inconsistencias relevantes. Según la investigación, el documento habría sido incorporado al protocolo notarial varios días después de la escritura cuestionada. Además, Dipreca informó que no existirían registros de atención del paciente por parte de dicho profesional.

La PDI también consigna que el certificado afirmaba que el paciente estaba “lúcido” y apto para realizar actos notariales, lo que contradice directamente las evaluaciones neurológicas y neuropsicológicas existentes en Clínica Las Condes.

El Ministerio Público instruyó diligencias específicas para ubicar y tomar declaración al médico firmante, con el fin de establecer si efectivamente atendió al paciente y bajo qué circunstancias se emitió dicho documento.

Peritajes caligráficos y dudas sobre las firmas

La investigación incorpora además un informe pericial privado que cuestiona la autenticidad de las firmas atribuidas a Félix Lecumberri Fernández en las escrituras de compraventa.

Según el documento policial, la pericia habría detectado diferencias significativas en presión, fluidez, inclinación y continuidad de los trazos respecto de firmas indubitadas del fallecido. El análisis concluye que existirían indicadores compatibles con una imitación servil.

La Bridec sostiene en su informe que la convergencia de antecedentes médicos, financieros y documentales “permite inferir razonablemente” que el fallecido no se encontraba en condiciones de manifestar una voluntad libre y consciente al momento de las operaciones.

Fiscalía amplía diligencias

En enero de 2026, la Fiscalía emitió nuevas instrucciones particulares solicitando profundizar la investigación sobre las operaciones inmobiliarias, el origen de los recursos y la eventual simulación de pagos.

Entre las diligencias ordenadas se incluyen oficios a la Comisión para el Mercado Financiero, al Conservador de Bienes Raíces de Peñaflor y a la Dirección de Obras Municipales, además de requerimientos de antecedentes bancarios y societarios.

La causa sigue actualmente en etapa investigativa y no existen personas formalizadas. Sin embargo, los antecedentes recopilados hasta ahora abren interrogantes sobre la eventual utilización de un adulto mayor con deterioro cognitivo severo para concretar operaciones patrimoniales de alto valor económico.

Esta noticia aparece primero en: El Periodista

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