“Inspección Total al Estado”: Gobierno detecta $1,4 billones en transferencias sin acreditar a fundaciones

En el marco del plan de “Inspección Total al Estado” instruido por el Presidente José Antonio Kast, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal resolvió abrir nuevas investigaciones tras detectar graves irregularidades en el uso de recursos públicos.

Durante su cuarta sesión, la instancia —encabezada por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo— identificó antecedentes que requieren una revisión exhaustiva en al menos cuatro ministerios, además de encender alertas en materia de transferencias a fundaciones y mecanismos de contratación estatal.

Ministerios bajo investigación

El comité instruyó auditorías profundas para determinar eventuales responsabilidades administrativas en las siguientes carteras:

• Ministerio del Deporte: indagación al Instituto Nacional de Deportes (IND) por la gestión y transferencia de recursos.
• Ministerio de Energía: revisión de la Agencia de Sostenibilidad Energética, particularmente en la ejecución de programas y contrataciones.
• Ministerio de Agricultura: auditoría a transferencias a organismos ejecutores y procesos de compra.
• Ministerio de Salud: fiscalización de adquisiciones y contratos en subsecretarías y entidades dependientes.

Fundaciones en la mira

Uno de los principales focos del informe corresponde al uso de recursos transferidos a fundaciones entre 2022 y 2026. Según los datos entregados, de un total de $5,4 billones asignados, $1,4 billones no cuentan con rendición de cuentas acreditada.

Entre las entidades con mayores irregularidades figuran el Sence, el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura.

El informe también puso especial atención en las denominadas “nuevas fundaciones”, creadas en el mismo período. En total, se constituyeron 177 organizaciones, que recibieron más de $11 mil millones. De ese monto, el 60% —equivalente a más de $6.500 millones— no tiene respaldo de rendición, mientras que 79 fundaciones no registran ningún tipo de informe ante el Estado.

Compras públicas bajo sospecha

La fiscalización detectó además un uso intensivo del mecanismo de trato directo en contrataciones públicas, evitando procesos de licitación. Algunos organismos realizaron más de la mitad de sus compras mediante esta modalidad.

Entre los servicios con mayor recurrencia a este mecanismo se encuentran el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Asimismo, se constató un aumento en el uso de causales como “proveedor único” y “confianza y seguridad”, además de un incremento del 17% en la causal de “emergencia” respecto de los niveles registrados durante el punto más crítico de la pandemia de Covid-19.

Avances en casos previos

El comité también reportó avances en investigaciones anteriores. En el caso de la Junaeb, el Gobierno presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el pago de $14 mil millones por raciones de alimentos que no fueron entregadas.

En el Ministerio de Transportes, en tanto, se logró regularizar más del 80% de $30 mil millones que no contaban con respaldo, permitiendo normalizar pagos a proveedores regionales.

Respecto al Ministerio de Ciencia, se solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría externa por eventuales incumplimientos por $100 mil millones en el programa Becas Chile, además de iniciar una revisión interna.

Finalmente, en el Ministerio de la Mujer se decidió ampliar el alcance de la investigación tras la aparición de nuevas alertas en las últimas semanas.