Grupo transversal de parlamentarios presenta reforma para perfeccionar requisitos para iniciar AC

Un grupo transversal de diputados y senadores de la UDI, RN, Evópoli, PS y FA, ingresaron un proyecto de reforma constitucional que busca endurecer y perfeccionar los requisitos para iniciar una acusación constitucional.

La iniciativa es impulsada por el diputado Diego Schalper (RN), el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), la senadora Andrea Balladares (RN), la diputada Gael Yeomans (FA), el senador Diego Ibáñez (FA), el senador Juan Luis Castro (PS), la senadora Paulina Vodanovic (PS), entre otros.

Según explicaron, la propuesta busca “poner fin a la temporada de acusaciones constitucionales”, en medio de los cuestionamientos por su uso reiterado en los últimos periodos, sobre todo tras la última ingresada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En el texto, se apunta que si bien por la severidad de sus consecuencias, se trata de “una institución de carácter excepcional”, que debe ser ejercida con prudencia y fundada en antecedentes jurídicos sólidos, en los últimos años “se ha observado una utilización cada vez más frecuente de esta herramienta, transformándola en numerosos casos en un instrumento de disputa política contingente”.

“La inmensa mayoría de los chilenos no ve las acusaciones constitucionales como un control serio, sino como una pérdida de tiempo y una pelea entre políticos mientras la delincuencia avanza, la economía sigue estancada y las listas de espera en salud siguen creciendo. Llevamos pocos meses de periodo legislativo y ya se instaló la lógica de la acusación permanente. Queremos dar un punto de inflexión para entregar gobernabilidad y estabilidad al país. Esto no se trata de proteger a ninguna autoridad ni de dar impunidad, se trata de exigir seriedad y rigor”, señalaron los parlamentarios.

La iniciativa se propone aumentar de 10 a 20 los miembros que formulen la acusación constitucional contra el Presidente de la República, ministros de Estado, magistrados de tribunales superiores de Justicia, contralor general, generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, y gobernadores. Asimismo, se señala que “para declarar que ha lugar la acusación se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio”,