Fundación pide transparentar autorizaciones inmobiliarias junto a quebradas tras aluvión en Las Condes

Patricio Herman pidió al Ministerio de Obras Públicas y a la Municipalidad de Las Condes transparentar las autorizaciones y permisos asociados a proyectos inmobiliarios próximos a quebradas, tras el aluvión que afectó al sector alto de la comuna el jueves pasado.

En una declaración fechada este 14 de octubre, el columnista de El Periodista cuestionó las gestiones que, según sostiene, realizaron inversionistas ante la Dirección General de Aguas (DGA) para reducir las franjas de restricción contiguas a los cauces y disponer de una mayor superficie para sus loteos.

Su planteamiento retoma la columna de opinión “El aluvión de Las Condes: no fue la lluvia, fue falta de previsión”, en la que atribuye lo ocurrido a problemas de planificación y prevención.

Según Herman, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994 identificó las quebradas de la región y el Plan Regulador Comunal de Las Condes de 1995 incorporó esos cursos de agua. A partir de entonces, afirma, distintos privados solicitaron a la DGA reducciones de las superficies sujetas a restricciones en sus terrenos.

El denunciante sostiene que las medidas de contención exigidas para permitir esas modificaciones resultaron insuficientes frente al comportamiento de las quebradas. En su explicación también menciona los cambios territoriales, el cambio climático y la deforestación de la cuenca como factores que habrían contribuido al aluvión.

Qué establecen los documentos adjuntos

Los antecedentes entregados incluyen extractos de un texto actualizado y compaginado del PRMS, fechado en mayo de 2015 y rotulado expresamente como “documento de trabajo — no oficial”.

El texto establece, como regla general, franjas de restricción de un mínimo de 40 metros a cada borde del cauce. También contempla que ese ancho pueda disminuir, sobre la base de estudios técnicos específicos sobre riesgos de inundación, erosión o socavación de riberas.

La disposición señala que la reducción puede llegar a un mínimo de 20 metros por borde y que, para esos efectos, la DGA debe aprobar los proyectos de modificación de cauces naturales mediante resolución fundada, con aprobación adicional de la Dirección de Obras Hidráulicas.

Para las áreas urbanas, el extracto indica que una disminución del ancho debe contar con un informe favorable de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, conforme al estudio de riesgo o informe técnico y a las obras asociadas que se requieran.

Asimismo, dispone que las construcciones y urbanizaciones en quebradas deben contar con estudios y proyectos que aseguren el escurrimiento de las aguas y la protección de bordes y laderas. La recepción municipal queda condicionada a la conformidad de las obras derivadas de esos proyectos.

Solicitud al MOP y a Las Condes

Herman pidió al ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, informar cuáles fueron las autorizaciones entregadas por la DGA a propietarios privados para reducir las restricciones y en qué fechas se concedieron.

En paralelo, solicitó a la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, dar a conocer los nombres de las empresas que obtuvieron permisos de edificación después de 1995 en los terrenos ribereños cuestionados.

La solicitud busca esclarecer cómo se aplicaron las normas de protección de quebradas y qué antecedentes técnicos respaldaron las decisiones que permitieron desarrollar proyectos en sus inmediaciones.