Fiscalía formaliza a dos exfuncionarios de Conaf por muertes en megaincendio de 2024

En el Juzgado de Garantía de Valparaíso se desarrolló la audiencia solicitada por la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), en el marco de la investigación por el megaincendio ocurrido el 2 de febrero de 2024. La causa corresponde a una arista que indaga eventuales responsabilidades de servicios públicos y autoridades, separada del proceso que ya avanza a juicio oral contra nueve imputados como autores del siniestro.

Durante la audiencia, la Fiscalía formalizó a dos exfuncionarios de Conaf: Juan Atienza, jefe del Departamento de Prevención de Incendios Forestales, y Luis Correa, comandante de incidente del incendio “Las Tablas-Fundo Peñuelas”. Ambos fueron imputados como autores de un cuasidelito de homicidio en grado consumado por la muerte de 138 personas.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, explicó que la imputación se basa en el presunto incumplimiento de normas legales, reglamentarias y protocolos del Sistema Nacional de Prevención de Desastres. Según detalló, se detectó una brecha de al menos 57 minutos en la que, de haberse emitido oportunamente la alerta SAE para evacuar a la población ante la cercanía del fuego, “habría sido posible evitar el resultado de muerte”.

“Nosotros no tenemos la posibilidad de contrafactualmente demostrar que todas esas vidas se hubiesen salvado, pero lo que sí es cierto es que advertimos que hay una brecha horaria importante en la cual se pudo haber avanzado en la evacuación de las personas”, señaló la fiscal al término de la audiencia.

Asimismo, Perivancich sostuvo que, en esta etapa preliminar, la convicción del Ministerio Público apunta a una cadena de responsabilidades diferenciadas, donde Conaf tiene un rol técnico clave en la determinación del riesgo y la activación de alertas dentro del sistema. En ese sentido, indicó que sin dicha información técnica no es posible, por ahora, imputar conductas similares a otras autoridades, aunque subrayó que la investigación sigue en curso.

El tribunal decretó como medidas cautelares el arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a los testigos para ambos imputados. Además, se fijó un plazo de investigación de 180 días.