Exministro Larraín cuestiona derogación de rebajas de condenas y advierte riesgo de “populismo punitivo”

El exministro de Justicia, Hernán Larraín, cuestionó la respuesta del Gobierno y del Congreso ante la controversia por las rebajas de condenas otorgadas a condenados por delitos sexuales contra menores, y advirtió que derogar la normativa que regula este beneficio podría fomentar un escenario de “populismo punitivo”.

En una columna publicada en La Tercera, el exsecretario de Estado sostuvo que el denominado “caso rebajas” ha estado marcado por una sucesión de errores y decisiones que, a su juicio, han impedido resolver el problema de fondo: determinar la procedencia de estos beneficios para condenados por determinados delitos.

Larraín calificó como un “desacierto” las rebajas concedidas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores, cuya improcedencia fue establecida por ley en 2022. Según planteó, el origen de la controversia fue una interpretación equivocada de la normativa por parte del Ministerio de Justicia, un error de carácter político y no jurídico, que —recordó— fue reconocido por el propio Presidente José Antonio Kast.

En ese contexto, también criticó el intento de impulsar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. A juicio del exministro, esa iniciativa constituye un “nuevo malentendido” que distorsiona el sentido de esta herramienta de fiscalización y podría repetir prácticas que han contribuido a aumentar la desconfianza ciudadana.

Sin embargo, sus reparos también apuntaron a la decisión del Ejecutivo y del Parlamento de buscar una salida al conflicto mediante la derogación de la ley de rebaja de condenas de 2003. Para Larraín, esa alternativa agravaría el problema y podría significar un retroceso en materia de reinserción social.

El exministro argumentó que la finalidad de las penas no debe limitarse a la privación de libertad, sino que también debe contemplar la preparación de las personas condenadas para su regreso a la sociedad, mediante educación, capacitación y programas de rehabilitación.

En esa línea, advirtió que, con una reincidencia del 50%, el sistema penitenciario corre el riesgo de consolidar “delincuentes profesionales” si no se fortalecen los mecanismos de reinserción. Por ello, defendió las rebajas de condena como una herramienta para incentivar la buena conducta, los estudios y la participación en actividades de rehabilitación.

Larraín precisó que este beneficio no se entrega automáticamente, sino que depende del cumplimiento de determinadas condiciones, evaluadas por una comisión integrada por jueces y expertos. Además, recordó que durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera se excluyó de estas rebajas a los condenados por delitos de abuso sexual contra menores, restricción que, sostuvo, podría ampliarse o reformularse.

Finalmente, planteó que eliminar este mecanismo sin presentar simultáneamente una política integral de reinserción social podría incrementar la reincidencia y empeorar tanto la situación delictual como la carcelaria del país.

“Reinsertar es un acto de humanidad que posee un poderoso efecto práctico”, concluyó el exministro, quien llamó a las autoridades a actuar con prudencia y sensatez para evitar que la sucesión de decisiones equivocadas termine agravando la controversia.