Exjefe de Finanzas del Minsal es condenado a 6 años de cárcel por fraude al fisco

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Mauricio Álvarez García, exjefe de Finanzas de la División de Inversiones del Ministerio de Salud, a seis años de presidio efectivo por los delitos de fraude al fisco y cohecho activo, cometidos en 2018 en el marco del proyecto de reposición del Hospital San Luis de Buin-Paine.

El fallo, dictado de forma unánime, establece además el pago de una multa de $25.980.256 y diversas inhabilidades para ejercer cargos públicos y derechos políticos.

En la misma causa, el tribunal condenó a Pía González González y Marcos Pozo Reyes a 540 días de presidio —penas sustituidas por remisión condicional— como coautores del delito de soborno. En el caso de Pozo, se sumó además una multa de $10 millones. Ambos fueron absueltos del delito de fraude al fisco por falta de acreditación.

Asimismo, en el ámbito civil, se acogió la demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE), ordenando a Álvarez pagar $259.802.566 por concepto de daño material.

Plan para defraudar fondos públicos

El tribunal dio por acreditado que Álvarez diseñó un esquema para desviar recursos públicos mediante la creación de una necesidad ficticia de contratar un equipo externo que revisara el anteproyecto del Hospital de Buin.

Para ello, utilizó su cargo para imponer la contratación de un equipo liderado por la arquitecta Pía González —persona de su confianza—, el cual fue integrado por profesionales sin experiencia en proyectos hospitalarios y cuyos informes fueron calificados como básicos, reiterativos y carentes de utilidad.

Según el fallo, el equipo fue contratado a honorarios entre junio y octubre de 2018, con un costo cercano a $400 millones, pese a que sus servicios no eran pertinentes ni necesarios para el estado del proyecto.

Como parte del acuerdo ilícito, González y Pozo exigían a los profesionales contratados entregar el 10% de sus honorarios, dinero que finalmente era traspasado a Álvarez como beneficio personal.

El tribunal concluyó que estas acciones provocaron un perjuicio fiscal de más de $259 millones, correspondiente a pagos realizados por servicios que no cumplieron con los estándares mínimos de utilidad ni eficiencia.

La sentencia también estableció que el esquema se desarticuló anticipadamente debido a conflictos entre los involucrados, lo que derivó en el término anticipado de los contratos del equipo externo.