Desarticulan red de trata de personas en Calama: seis detenidos y diez víctimas rescatadas

Un operativo conjunto entre la Fiscalía de Calama y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, que operaba en distintos domicilios de la ciudad.

Tras una investigación que se extendió por varios meses, seis personas de nacionalidad peruana fueron detenidas y formalizadas por el Ministerio Público por los delitos de trata de personas, lavado de activos y asociación criminal.

Las diligencias, lideradas por la Brigada Investigadora de Trata de Personas (BRIANT) de la PDI, establecieron que la red operaba al menos desde 2021, captando a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad mediante ofertas laborales engañosas. Una vez en Calama, las víctimas eran trasladadas a distintos inmuebles controlados por la organización, donde eran explotadas sexualmente.

El trabajo investigativo se inició a partir del análisis de publicaciones en plataformas digitales que ofrecían servicios sexuales. A través de técnicas de inteligencia policial, análisis criminal y otras herramientas especializadas, los equipos lograron identificar la estructura de la organización, sus integrantes y los lugares utilizados para cometer los ilícitos.

Con estos antecedentes, se ejecutaron órdenes judiciales de entrada y registro en varios domicilios de la ciudad, lo que permitió rescatar a diez víctimas extranjeras, además de incautar dinero en efectivo, registros contables y dispositivos para procesar pagos electrónicos asociados a la actividad ilícita.

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, calificó el delito como de “la mayor gravedad”, destacando que afecta directamente la dignidad de las personas. Asimismo, subrayó que las víctimas eran sometidas a distintos apremios tras ser captadas.

El persecutor también advirtió sobre las dificultades para investigar este tipo de delitos, debido a que muchas víctimas no denuncian por temor o por su condición de vulnerabilidad. En ese contexto, hizo un llamado a confiar en las instituciones, asegurando que la Fiscalía y la PDI trabajan para proteger a las víctimas y perseguir a los responsables.

Por su parte, el jefe de la Región Policial de Antofagasta, prefecto inspector Freddy Castro Crespo, destacó las capacidades investigativas desplegadas en el procedimiento, enfatizando el uso de técnicas especializadas para desarticular organizaciones criminales complejas.

En la audiencia de formalización, la Fiscalía expuso que la estructura también utilizaba sistemas de pago electrónico para canalizar las ganancias obtenidas, incorporándolas al sistema financiero formal. Además, durante los allanamientos se incautó una suma importante de dinero en efectivo cuyo origen no pudo ser justificado.

El tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para cinco de los imputados, por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas, mientras que una sexta persona quedó sujeta a otras medidas cautelares.

El plazo de investigación fue fijado en 90 días, periodo en el que el Ministerio Público y la PDI continuarán desarrollando diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar eventuales nuevas responsabilidades.