Denuncian a fiscal Héctor Barros ante la CIDH tras vincular estallido social con crimen organizado

La abogada de derechos humanos Karinna Fernández presentó este jueves una carta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para cuestionar las declaraciones del fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, quien vinculó algunos efectos del estallido social de 2019 con la posterior aparición de la criminalidad transnacional en Chile.

La presentación fue dirigida a representantes de la CIDH y solicita que el organismo requiera antecedentes al Estado de Chile y se pronuncie respecto de las declaraciones formuladas por el persecutor.

“Hay algo que quedó del estallido social, produjo muchos cambios, post estallido aparece la criminalidad transnacional. En el caso de cada acción que Carabineros tomaba, era vista como una violación a garantías fundamentales. Eso produjo cierta timidez a usar las garantías que tienen”, señaló.

Cuestionamientos ante la CIDH

Fernández, quien representa a víctimas de violencia institucional ocurrida antes y durante el estallido social, cuestionó que dichas afirmaciones provengan de un fiscal que tuvo responsabilidades en la persecución penal de este tipo de hechos.

En la carta, la abogada sostiene que las declaraciones de Barros vinculan el escrutinio sobre eventuales vulneraciones de derechos fundamentales con una supuesta inhibición de la respuesta policial frente al delito.

Además, plantea que la posición del fiscal debe ser analizada considerando su participación en investigaciones relacionadas con denuncias de violencia institucional durante el período del estallido.

Para respaldar su presentación, Fernández cita antecedentes del Ministerio Público que, según expone en el documento, registran 11.504 causas por violencia institucional y 14.582 víctimas entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020.

La abogada también hace referencia a información entregada por el Estado chileno ante la CIDH y recogida, según su presentación, en un informe de seguimiento del organismo fechado el 2 de junio de 2026. A partir de esos antecedentes, cuestiona la caracterización de que el actuar policial haya estado sujeto a una persecución penal que habría inhibido su respuesta frente al delito.

Fernández solicita así que la CIDH examine las declaraciones del fiscal y sus eventuales implicancias respecto de las obligaciones del Estado en materia de investigación de denuncias por vulneraciones de derechos humanos.