Defensoría de la Niñez alerta por riesgos a menores ante indicación del Gobierno sobre expulsiones migratorias
La Defensoría de la Niñez expresó su preocupación frente a la indicación presentada por el Ejecutivo al proyecto de ley que busca perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa de personas en contexto de movilidad, advirtiendo que la medida podría tener efectos negativos en el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes.
El punto central de la alerta radica en la facultad que se otorgaría a autoridades migratorias y contraloras para requerir antecedentes personales a “todo órgano de la Administración del Estado”, incluyendo instituciones de salud, educación y organismos previsionales, tanto públicos como privados.
Desde la Defensoría señalaron que, si bien el Estado tiene la facultad legítima de definir su política migratoria, esta debe ejecutarse en conformidad con los derechos humanos y considerando especialmente el impacto en menores de edad y sus familias, en línea con la Ley N° 21.430 y la Convención sobre los Derechos del Niño.
El organismo advirtió que, aunque la medida no esté dirigida directamente a niños, su implementación podría generar consecuencias graves, como la separación familiar, la pérdida de redes de apoyo o el temor de acudir a servicios básicos, lo que podría afectar el acceso oportuno a salud, educación y protección.
En particular, manifestaron inquietud por el efecto que podría tener en espacios clave como hospitales, consultorios y establecimientos educacionales, que podrían comenzar a ser percibidos como lugares de fiscalización migratoria. “Ese solo temor puede provocar que niños y adolescentes dejen de asistir a controles médicos, campañas de vacunación o espacios educativos”, plantearon.
Asimismo, la Defensoría advirtió que una eventual ruptura de vínculos familiares o la ausencia de adultos responsables podría aumentar el ingreso de menores a sistemas de cuidado alternativo, medida que —recordaron— debe ser excepcional. Incluso, alertaron que la exclusión en el acceso a derechos sociales podría derivar en mayor exposición a fenómenos como el reclutamiento por parte del crimen organizado.
En esa línea, el organismo subrayó que cualquier normativa que implique la entrega de datos personales debe contemplar resguardos “explícitos, estrictos y proporcionales”, asegurando que dicha información no sea utilizada de forma que limite el acceso a servicios esenciales ni afecte el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes.
Finalmente, la Defensoría hizo un llamado al Ejecutivo y al Congreso a reconsiderar la medida, recordando que el Estado tiene el deber de adoptar acciones de protección reforzada para grupos vulnerables, incluyendo a la niñez migrante. Asimismo, informó que ofició a la Comisión de Gobierno del Senado para advertir sobre los riesgos de la propuesta y solicitar que su análisis incorpore los estándares establecidos en la legislación vigente.
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