Captaban mujeres en Bolivia y Chile: 16 años de cárcel para acusados por trata de personas con fines de explotación sexual

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique condenó a dos personas a penas que, en conjunto, superan los 16 años de presidio efectivo por su responsabilidad como autores de dos delitos consumados de trata de personas con fines de explotación sexual.

En un fallo unánime, R.C.M.C. y E.M.V. recibieron, cada uno, una pena de 10 años y un día de cárcel, además de otros seis años de presidio, por ambos ilícitos. Asimismo, deberán pagar multas de 50 UTM por cada delito.

La resolución también contempla la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, además de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas.

De acuerdo con los antecedentes acreditados durante el juicio, los hechos ocurrieron entre 2022 y el 8 de enero de 2024, en el marco de una investigación desarrollada por la Fiscalía Local de Alto Hospicio junto al OS9 de Carabineros.

El tribunal estableció que los condenados, junto a otras personas, captaban mujeres de distintas edades, principalmente en Bolivia, ya sea viajando directamente a ese país o contactándolas mediante terceros, con el propósito de trasladarlas hasta Iquique y Alto Hospicio para ejercer la prostitución.

Para concretar los traslados, coordinaban el ingreso de las víctimas a Chile, en algunos casos pagando para que cruzaran irregularmente la frontera. También utilizaban un camión conducido por R.C.M.C. o las esperaban en distintos puntos de la Región de Tarapacá para llevarlas hasta los inmuebles donde debían ejercer el comercio sexual.

Una vez en esos domicilios, las mujeres quedaban bajo el control de los acusados, quienes imponían las reglas de funcionamiento. Según acreditó el tribunal, las víctimas debían solicitar autorización para salir de los inmuebles y, si excedían los breves permisos concedidos, eran obligadas a pagar multas que se descontaban de sus ganancias.

Además, los pagos por los servicios sexuales eran recibidos directamente por los encargados de cada inmueble, sin que las mujeres pudieran disponer libremente del dinero obtenido.

El 8 de enero de 2024 se concretaron allanamientos en distintos domicilios vinculados a la investigación, donde fueron encontradas numerosas mujeres que habían ingresado al país para ejercer la prostitución. Entre ellas había una adolescente que comenzó a trabajar en uno de los recintos cuando tenía 16 años.

Finalmente, el tribunal dispuso que, una vez ejecutoriada la sentencia, se tomen muestras biológicas de los condenados para incorporar sus perfiles genéticos al Registro Nacional de ADN de Condenados. También decretó el comiso de las especies incautadas durante el procedimiento policial.