Alcaldes cuestionan causal de destitución incluida por el Gobierno en reglamento de Seguridad Municipal

— Por Diego Cabanillas

Rechazo transversal generó entre los alcaldes una norma incorporada por el Gobierno en el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, que fija por decreto una causal para cesar en el cargo a los jefes comunales.

Según reveló La Tercera, el reglamento ingresó a la Contraloría General de la República (CGR) el pasado 2 de septiembre, con la firma del Presidente José Antonio Kast. Dicho documento detalla la bajada práctica de la ley para que pueda ser implementada por los municipios.

Uno de los elementos incluidos es la creación de una causal para despedir a los alcaldes de su cargo. Puntualmente, el artículo 8 establece que “le corresponderá a la municipalidad, previo a proceder a la designación del director de seguridad pública o del nombramiento de los inspectores de seguridad municipal, verificar los requisitos” para su designación.

En caso de que esto no se realice, se señala: “La infracción a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar a una sanción administrativa, de conformidad con lo establecido en la ley N° 18.883, pudiendo configurar, en el caso del respectivo alcalde, la causal de cese del cargo dispuesta en el literal c) del inciso primero del artículo 60 de la ley N° 18.695”.

Rechazo transversal

Al respecto, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), se manifestó en contra de la norma, acusando un intento de socavar la autonomía de los ediles. “La Ley de Seguridad Municipal tiene por objetivo fortalecer el rol de los municipios en materia de seguridad, y no amenazar con quitarles autonomía”, manifestó.

“Por supuesto que se nos debe exigir responsabilidad en esta materia, y sancionar debidamente cuando eso se incumpla. Pero preocupa que un reglamento vincule una falla administrativa con la posible destitución de un alcalde electo democráticamente. Y más aún enterarnos de esto por la prensa, sin ningún tipo de trabajo previo con alcaldes”, sostuvo.

Así, llamó al Gobierno a aclarar la situación. “La autonomía municipal también debe respetarse”, cerró.

Por su parte, el alcalde de Lo Barnechea y presidente de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO), Felipe Alessandri (RN), también compartió su preocupación por la norma. “Quienes hemos respaldado decididamente la agenda de seguridad del Gobierno también tenemos el deber de advertir cuando se comete un error”, declaró.

“No corresponde que un reglamento avance sobre una materia tan delicada como la eventual destitución de una autoridad elegida democráticamente. Las causales de cesación de un alcalde deben estar claramente definidas en la ley y no pueden ampliarse ni configurarse por medio de un decreto”, agregó.

En esa línea, instó a la revisión minuciosa de la norma. “Aquí nadie está pidiendo impunidad ni pretende eludir responsabilidades. Los alcaldes debemos cumplir la ley y responder por nuestras decisiones, pero las reglas tienen que ser claras, proporcionales y respetar la Constitución. Espero que la Contraloría revise este artículo con especial rigurosidad y que el Gobierno tenga la disposición de corregirlo. Apoyar al Gobierno también significa decirle con franqueza cuando algo está mal”, zanjó.

Quien fue más allá y planteó un acto inconstitcional, fue el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (IND), quien expresó a 24 Horas: “Es absolutamente inconstitucional que esto esté un reglamento, primer punto, como abogado. Segundo, no siendo yo constitucionalista, comparto 100% que no puede estar en un reglamento. Ese tipo de medidas deben estar en una norma y de ese estándar de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, creo que hay un error del Gobierno en dónde lo plantea”.

“Por supuesto que abre un flanco con los alcaldes, que hay molestia, porque, ¿cuáles son las causales de de cesación de funciones de los parlamentarios, de los ministros, de otras autoridades?, casi cero. Constantemente se agregan contra los alcaldes, yo hago mi trabajo, no tengo problema que me fiscalicen”, cuestionó.

Finalmente, llamó a corregir la norma, asegurando que será rechazado por la CGR. “Y es complejo cuando la Contraloría te dice, ‘oiga, ¿cómo se le ocurre plantearme esto?’, no hay que ser constitucionalista para saber como abogado que esta norma no puede estar en un reglamento”, complementó.